El Consejo de Alcaldes de la provincia de Zamora, en el que están representados los 248 ayuntamientos de la provincia,  se reunía esta mañana para debatir y consensuar las alegaciones que han decidido presentar al anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Como explicaba su presidenta, Manuela Crespo, se trataba de defender los intereses de la población del medio rural que sale más perjudicada en este proyecto de ley, y tras un debate intenso, puesto que se partía de posiciones diferentes, tanto el PSOE como el PP han llegado a un acercamiento que se ha materializado en una serie de alegaciones.

Además de pedir que la FEMP sea la legítima defensora de los municipios ante el Gobierno y solicitar una nueva financiación local, los alcaldes aunque conformes con la necesidad  de una reforma en profundidad de la administración pública española para conseguir una mayor racionalización  de la estructura administrativa, muestran su disconformidad con el reparto competencial de educación y sanidad: "el mantenimiento de colegios o consultorios locales no es competencia local" y afirman que las CCAA deben asumir su responsabilidad en el ejercicio de dichas competencias, que han de ser financiadas íntegramente por ellas y sin generar coste alguno para las entidades locales.

También piden la retirada del artículo donde se contempla la posibilidad de intervención de municipios de menos de 5000 habitantes que no cumplan con las exigencias de la ley en lo que se refiere a la  presentación de cuentas, teniendo en cuenta que  la Ley de estabilidad presupuestaria ya contempla esta posibilidad para el conjunto de las administraciones públicas, incluidas las CCAA y las EELL.  

Contra el coste estándar de los servicios

En cuanto al coste estándar y unitario de los servicios, los alcaldes consideran que demuestra un desconocimiento de la realidad de los pequeños municipios, y piden que sea fijado  por Ley y con la participación de la FEMP.

También consideran injusto el limitar a cero el sueldo de los alcaldes de menos de mil habitantes, ya que en la actualidad son una minoría los que lo cobran,  y piden que no se castigue con limitaciones totales a los que precisamente han sido más austeros.

Además consideran escaso el plazo establecido de tres meses para las entidades locales menores en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y ampliarlo.

Respecto a las alegaciones de las CCAA a la reforma local, y en concreto de la Junta de Castilla y León, se muestran conformes con las que suponen una defensa del municipalismo de Castilla y león, pero en desacuerdo con los fundamentos jurídicos y alegaciones de fondo en torno a las competencias sobre educación, sanidad y servicios sociales, que reiteran, deben ser ejercidas y financiadas por la Comunidad Autónoma.

Y por último en lo que se refiere a la asunción de competencias por las Diputaciones provinciales los alcaldes creen que debe ser circunscrito a competencias que tengan garantizado  generar economías de escala y sean en beneficio de los ciudadanos, y por razones concretas y determinadas no puedan ser asumidas por las corporaciones locales, como agua, caminos rurales o recogida de basuras.

En este caso los alcaldes creen que no debe existir autorización de la Comunidad Autónoma como pide en sus alegaciones la Junta de Castilla y león, sino solamente informe como establece la Ley.

Plan de Empleo de la Diputación

Previamente, el presidente de la Diputación presentó el Plan de Empleo 2013  de la institución provincial que había sido pactado por los grupos de PP, PSOE y ADEIZA  y que destinará este año 1 millón de euros para que cada ayuntamiento de la provincia pueda contratar como mínimo a un desempleado, en régimen de media jornada o completa. La cantidad mínima que recibirá cada ayuntamiento será de 2.500 euros y se dará prioridad a los más pequeños, aquellos a los que la Junta de Castilla y León dejó fuera del plan. Aunque no se sabe finalmente cuántos empleos se crearán con este plan, sí se conoce que como mínimo serán 248 y como máximo unos 1.500 personas contratadas por un tiempo que decidirán los propios ayuntamientos.

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